INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 18 de abril de 2018 estallaron protestas tras el intento del gobierno de implementar —sin consulta previa— reformas
impopulares a la seguridad social. A estas protestas se respondió con una violenta represión. Según la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, la crisis ha causado la muerte de 328 personas y heridas a más de 2.000. Además, las cifras facilitadas
por la sociedad civil determinan que se ha detenido a más de 700 personas. Aparte de eso, se ha destituido a 300 profesionales
de la salud, y se ha expulsado a 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Unas 80.000
personas nicaragüenses han huido a países vecinos; hasta agosto de 2019, 68.000 de ellas habían pedido refugio en Costa Rica,
según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de un centenar de periodistas y profesionales de
los medios de comunicación han tenido que exiliarse.
Hasta el momento, el gobierno no ha cumplido su compromiso, formulado en marzo de 2019, de poner en libertad a todas las
personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica desde el 18 de abril
de 2018. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 8 de junio de 2019 una Ley de Amnistía, a raíz de la cual 56 personas
fueron puestas en libertad el 11 de junio de 2019. Sin embargo, se han denunciado varios casos de represión. Según las
organizaciones locales, al menos 130 personas continúan detenidas. El 16 de mayo de 2019, Eddy Montes (de 57 años), de
doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, murió por arma de fuego en la prisión La Modelo de Managua. Él y otros que
resultaron heridos habían sido detenidos por participar en las protestas de 2018. Asimismo, la Iniciativa Nicaragüense de
Defensoras de Derechos Humanos y la Unidad de Defensa Jurídica han informado de que María Guadalupe Ruiz Briceño (de 22
años), estudiante y activista, fue detenida arbitrariamente y con violencia por la policía en julio de 2019, y las autoridades no han
cumplido adecuadamente las normas de debido proceso.
En su informe Sembrando el terror, Amnistía Internacional concluyó que uno de los pilares fundamentales de esta política de
represión eran los persistentes esfuerzos del Estado nicaragüense por criminalizar a quienes se le oponen; las autoridades, para
justificar sus acciones violentas, se referían a quienes protestaban contra el gobierno como “terroristas” o “conspiradores”. Desde
entonces, las protestas han continuado, exigiendo un cambio sustancial en la situación. Un año y medio después del comienzo
de la represión de las protestas, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de detenciones arbitrarias y tortura de personas
privadas de libertad. Además, las organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus jurídico fue cancelado por el gobierno (incluido
el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH) siguen sin poder realizar libremente su trabajo en el país, y continúa el
acoso contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos. Los ataques contra la libertad de expresión y reunión
pacífica indican una estrategia continuada para reprimir las voces discrepantes.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de diciembre de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la
fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas que se enfrentan a procedimientos penales
en Nicaragua (no aplicable)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/1249/2019/es/