Las autoridades de Singapur están dispuestas a reanudar las ejecuciones, tras un paréntesis de dos años relacionado con apelaciones pendientes y con la pandemia de COVID-19. En violación del derecho y las normas internacionales, varias personas condenadas a pena de muerte preceptiva por delitos relacionados con las drogas se enfrentan a una ejecución inminente, y podría haber más. Se ha solicitado al Tribunal Superior que detenga las ejecuciones y se ha expresado preocupación por la imposición de la pena capital a personas con discapacidad mental e intelectual.
