El 7 de febrero de 2020, cinco activistas fueron arrestados tras una redada ilegal en sus oficinas. A pesar de que las autoridades no realizaron una investigación sólida sobre las denuncias de los activistas, el 23 de junio el tribunal denegó su petición de que la orden de registro utilizada se considerase no válida. Amnistía Internacional pide al Departamento de Justicia de Filipinas que investigue estas acusaciones sin demora y de forma minuciosa, efectiva e imparcial, y que, si se demuestra que son ciertas, retire todos los cargos contra los activistas y garantice su puesta en libertad.
