El 22 de abril, Cristina Palabay, de Karapatan, una coalición de grupos y personas que defienden los derechos humanos radicada en Filipinas, recibió un mensaje de texto de una persona no identificada que le advertía a ella y a otras personas más que las van a matar este año. En este ambiente de amenazas contra Palabay, el 30 de mayo el Tribunal Supremo ordenó al gobierno que permitiera el acceso a la información sobre Palabay y otros defensores y defensoras de los derechos humanos con la esperanza de proteger su derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
