Desde que el gobierno paquistaní anunció, en octubre de 2023, su opaco “Plan de repatriación de `personas extranjeras ilegales´”, al menos 1.080.312 personas refugiadas y solicitantes de asilo afganas se han visto obligadas a regresar a Afganistán, en violación del derecho internacional, en concreto del principio de no devolución (non-refoulement). El plan se divide en tres fases: deportación de personas refugiadas no registradas, deportación de personas titulares de la tarjeta de ciudadanía afgana y deportación de personas titulares de la tarjeta de prueba de registro.
