Al parecer unas 400 personas refugiadas rohinyás, que huyen de la violencia en su país de origen, están abandonadas en el mar y ya se han registrado decenas de muertes. Los gobiernos del sur y el sureste asiático están usando las restricciones de la pandemia de COVID-19 para impedirles atracar en condiciones de seguridad y solicitar asilo. El gobierno de Indonesia, como copresidente del Proceso de Bali de 2016, tiene la responsabilidad de gestionar una respuesta regional a esta crisis y coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento para localizar y ayudar a las embarcaciones en dificultades.
