Siete activistas laborales podrían tener que hacer frente a hasta 15 años de cárcel exclusivamente por sus actividades de defensa de los derechos laborales en China. No han podido acceder a asistencia letrada y corren un peligro cada vez mayor de sufrir tortura y otros malos tratos. Su prolongada detención forma parte de una campaña represiva coordinada contra el movimiento obrero en la provincia de Guangdong, que coincide con una intensificación de la tensión industrial en la región.
