Cuatro meses después del inicio de grandes operaciones de seguridad en el norte del estado myanmaro de Rajine, sigue sin conocerse la suerte y el paradero de cientos de rohingyas detenidos. Amnistía Internacional considera que estas personas han sido sometidas a desaparición forzada y que corren peligro de sufrir tortura u otros malos tratos y de ser juzgadas sin las debidas garantías.