Amnistía Internacional pudo determinar que el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de cientos de víctimas, en dos niveles: el primero de ellos debido a que el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares; el segundo nivel: porque el Estado ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y en especial ejecuciones extrajudiciales. Además, Amnistía Internacional pudo identificar que las políticas represivas aplicadas por el Estado venezolano, terminan por criminalizar socialmente la pobreza.
