El 22 de junio de 2022, Marino Alvarado y Alfredo Infante firmaron un pacto de conciliación con el gobernador del estado de Carabobo, Rafael Lacava, por el que éste retiraba su demanda por difamación contra los dos defensores de los derechos humanos. Las organizaciones a las que ambos hombres representan publicaron un informe en el que exponían posibles ejecuciones extrajudiciales en Carabobo y pedían investigaciones exhaustivas, incluida una investigación sobre la responsabilidad de la cadena de mando.
