Cuatro hombres y una mujer declarados culpables en virtud de la ley federal estadounidense se enfrentan a la ejecución en las seis últimas semanas de la presidencia de Trump. Las autoridades federales estadounidenses reanudaron las ejecuciones después de 17 años, y han estado esforzándose por llevar a cabo una cantidad sin precedentes de inyecciones letales, revirtiendo las tendencias nacional y global hacia la abolición. Los casos de las personas seleccionadas para la ejecución se han visto afectados por la arbitrariedad, una asistencia letrada inadecuada y un sesgo racial; además, entre las personas seleccionadas hay algunas con graves discapacidades mentales e individuales, lo cual constituye una violación del derecho y las normas internacionales. Instamos al fiscal general de Estados Unidos a detener todas las ejecuciones y revisar el fallido sistema de pena de muerte estadounidense.
