El cúmulo de evidencia presentada en este informe revela una serie de acciones y omisiones desde las más altas esferas del Estado peruano que habrían tenido consecuencias letales durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El derecho internacional de los derechos humanos contiene criterios claros para evaluar la responsabilidad de superiores en la cadena de mando, incluso los que ocupan los puestos más altos en jerarquías organizadas, y sabían o deberían haber sabido que se estaban cometiendo o que se iban a cometer graves violaciones de derechos humanos. De igual manera, el informe presenta múltiples ejemplos de una posible omisión por parte de comandos policiales, militares y altos funcionarios públicos, en prevenir o sancionar cualquier repetición de tácticas represivas.
