La gracia concedida a Alberto Fujimori el día 24 de diciembre de 2017 por el presidente Pedro Pablo Kuczynski viola el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la masacre de Pativilca.
Amnistía Internacional demanda que es una obligación de derecho internacional del estado peruano que Alberto Fujimori sea investigado y, de existir pruebas suficientes y admisibles en su contra, juzgado de los crímenes que se le imputan.