El 22 de mayo de 2020, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, amplió hasta el 30 de junio la vigencia de las medidas estrictas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, que incluyen aislamiento y toques de queda. Esas medidas dejaron a muchas personas, incluidas muchas personas refugiadas de nacionalidad venezolana, sin protección, sin poder pagar el alquiler y en peligro de ser desalojadas de sus hogares.
