Más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas pobres que fueron presuntamente sometidas a esterilización forzada han visto negada la justicia tras la decisión de la Fiscalía de archivar sus casos. El hecho de que no se hayan investigado sus denuncias pone de manifiesto la persistente discriminación que sufren las comunidades indígenas y campesinas en Perú, y concretamente las mujeres.
