A casi cuatro años del desalojo que desencadenó la muerte de 17 personas -11 campesinos y seis policías- en el distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, Amnistía Internacional reitera su preocupación por la falta de una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del caso.
