El 30 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Yucatán, México, en respuesta a la pandemia de COVID-19, retiró los dos escoltas policiales que protegían a la defensora de los derechos humanos Clemencia Adelaida Salas Salazar y los sustituyó por un solo agente con funciones limitadas de protección. Adelaida es beneficiaria de medidas de protección que le fueron otorgadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2017 a causa del nivel de riesgo al que se enfrenta. Pedimos al gobierno del estado de Yucatán que restaure el programa completo de protección de esta defensora para salvaguardar su vida y su integridad física.
