FIRST UA: 093/19 Index: AMR 41/0626/2019 México Date: 01/07/ 2019
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 30 de mayo de 2019, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su país impondría un arancel
del 5% a todos los productos procedentes de México, a menos que disminuyera el flujo de migrantes que llegan a
la frontera sur de Estados Unidos. Esto provocó una serie de negociaciones bilaterales que continúan hasta la
fecha, en las que Estados Unidos sigue amenazando con incrementar los aranceles en los próximos meses si el
flujo de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México no disminuye.
En los días que siguieron al anuncio del presidente, las autoridades mexicanas han implementado una serie de
medidas destinadas a disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar por la frontera sur de México; esas
medidas incluyen la detención masiva y la deportación de al menos 400 migrantes, lo cual es contrario tanto a la
legislación mexicana como al derecho internacional.
El 6 de junio, el gobierno mexicano desplegó 6.000 agentes de la Guardia Nacional en su frontera sur para
responder a la entrada de migrantes y solicitantes de asilo.
Los medios de comunicación locales informaron también de que se había desplegado a más de 15.000 agentes
de distintas fuerzas de seguridad —incluida la Guardia Nacional— en la frontera entre México y Estados Unidos
para impedir que la gente llegue hasta la frontera y la cruce.
El gobierno ha confirmado públicamente que la Guardia Nacional puede detener a personas inmigrantes
indocumentadas en las fronteras norte y sur de México para reducir el flujo migratorio, y puede entregar a estas
personas al Instituto Nacional de Migración (INM).
No es la primera vez que los defensores y defensoras de los derechos humanos son cuestionados e incluso
criminalizados por el trabajo que realizan en México. Nos preocupa que esta práctica pueda ir en aumento en el
país, tal como vemos que se va haciendo más habitual la práctica de criminalizar a los defensores y defensoras de
los derechos humanos en Estados Unidos.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que entre 400.000 y
500.000 personas entran irregularmente por la frontera sur de México cada año, y que al menos la mitad de ellas
podría necesitar protección internacional en calidad de refugiadas. Muchas de estas personas proceden de El
Salvador, Honduras y Guatemala, algunos de los países más peligrosos del mundo. Huyen a causa de las
situaciones de violencia y falta de protección gubernamental en sus países.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español o inglés
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 15 de agosto de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después
de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Defensores y defensoras de los derechos de
las personas migrantes (no aplicable)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/0492/2019/es/