Las fuerzas de seguridad hondureñas hicieron uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones que surgieron después de las elecciones del 29 de noviembre de 2017, y detuvieron a cientos de personas. Varias de ellas enfrentan procesos penales por supuestos delitos cometidos durante las protestas, sin que se les haya otorgado todas las garantías del debido proceso, e incluso fueron enviadas a prisión preventiva mientras esperan el juicio. Este documento expone algunas de las estrategias desplegadas por las autoridades hondureñas para reprimir las protestas y disuadir a las personas de participar en ellas, así como las implicaciones de la privación de libertad para aquellas personas en detención preventiva.
