Entre el 19 de septiembre y el 10 de noviembre, el gobierno estadounidense envió a Haití a casi 9.000 migrantes y solicitantes de asilo procedentes de ese país, en su mayoría sin darles acceso al sistema de asilo o a las evaluaciones con fines de protección de Estados Unidos. Luego de estas expulsiones masivas del gobierno estadounidense se vio un aumento de las deportaciones de personas haitianas en todo el continente americano, lo que exacerbó la crisis y desembocó en un llamamiento conjunto de varias agencias de la ONU a los Estados para que proporcionasen protección internacional y rutas legales alternativas a la regularización y en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aborda la necesidad regional de aumentar la protección de la población haitiana en movilidad.
