Tanto las autoridades dominicanas como las haitianas, así como las organizaciones y donantes internacionales, deben respetar los compromisos inicialmente formulados y las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos respecto a garantizar que las personas migrantes haitianas y las personas dominicanas de ascendencia haitiana no son deportadas o expulsadas arbitrariamente y que sus derechos humanos se respetan, se protegen y se hacen realidad.