Los miembros del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) han sido objeto de una campaña de difamación tras haber recurrido ante los tribunales la licencia de la empresa minera San Rafael. El 5 de julio, la Corte Suprema de Justicia notificó que suspendería provisionalmente la licencia de la empresa minera. Los miembros de CALAS corren peligro de sufrir nuevos ataques.