Amnistía Internacional y varias organizaciones internacionales recuerdan al Presidente de la República, Alejandro Giammattei, la obligación del Estado de adoptar sin demora una Política Pública para la Protección de las Defensoras y los Defensores de Derechos, de conformidad con la sentencia dictada en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala”.
