Este informe documenta patrones de detenciones arbitrarias masivas, violaciones al debido proceso, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. Asimismo, analiza cómo el debilitamiento de la independencia judicial, la militarización de la seguridad pública y la adopción de reformas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos han facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos, muchas de las cuales hanafectado también a personas sin vínculos criminales comprobados y a comunidades históricamente empobrecidas. La investigación concluye que las violaciones documentadas no constituyen hechos aislados, sino prácticas sostenidas y facilitadas por la reconfiguración institucional y legal del país.
