Amnistía Internacional revela cómo el Estado ecuatoriano incumple con su deber de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al permitir las operaciones de mecheros en la Amazonía. Aun cuando una sentencia judicial de 2021, promovida por nueve niñas y jóvenes activistas climáticas de comunidades de Sucumbíos y Orellana, con apoyo de la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (UDAPT), dispuso la eliminación de los mecheros, el Estado ecuatoriano sigue permitiendo esta perniciosa práctica de la industria de los combustibles fósiles. Una actividad que además está directamente vinculada al calentamiento global y a la emisión de supercontaminantes como el metano, lo que pone en peligro el ejercicio y garantía de los derechos humanos en la actualidad y en el futuro.
