El 26 de abril de 2023, en la Asamblea Nacional ecuatoriana, el ministro de Energía y Minas de Ecuador acusó al abogado de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), Pablo Fajardo Mendoza, de ser un “delincuente internacional” por su defensa de los derechos humanos, principalmente de pueblos indígenas y comunidades amazónicas, frente a los impactos de las operaciones de las petroleras en la Amazonía Ecuatoriana. Contrario a sus obligaciones de propiciar un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos, el Estado ecuatoriano sigue difamando y estigmatizando a defensores de DDHH, en especial aquellos que se oponen a los impactos de las operaciones de la industria petrolera y apoyan la justicia climática.
