Más de 180.000 personas han sido deportadas a Haití en el último semestre en virtud de las políticas racistas de migración reforzadas. A pesar de la grave crisis humanitaria y de seguridad que azota Haití, las expulsiones colectivas se llevan a cabo sin una evaluación individualizada. El 6 de abril, el gobierno anunció 15 medidas adicionales destinadas a restringir aún más la migración. Entre ellas se encuentran nuevas barreras para que las personas migrantes accedan a servicios públicos tales como la atención médica. Pedimos a las autoridades que pongan fin inmediatamente a las deportaciones colectivas, y que anulen las políticas discriminatorias.
