En los últimos años, el gobierno de Cuba ha tomado medidas limitadas para abordar la larga situación de represión de la libertad de expresión en el país. Aunque bienvenidos, estos cambios han tenido un efecto limitado. La infraestructura legal, burocrática y administrativa establecida a lo largo de los años para silenciar a los opositores al gobierno y mantener el sistema unipartidista permanece en gran medida intacta.