El 22 de septiembre, dos familiares de miembros del Movimiento Ríos Vivos fueron asesinados en Antioquia, Colombia. Estos homicidios han venido precedidos de varias muertes más de personas defensoras de los derechos medioambientales, pertenecientes al mismo movimiento y afectadas por el impacto que la construcción de la represa de Hidrohituango tiene en los derechos humanos y en el medio ambiente.