En octubre de 2025, el gobierno canadiense presentó el proyecto de ley C-12, que limitaría severamente el derecho a solicitar asilo y pondría en peligro a personas que buscan seguridad. A pesar de las fuertes críticas a su predecesor (el proyecto de ley C-2), el proyecto de ley C-12 se presentó para acelerar los elementos del C-2 que atacan los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Este proyecto de ley impediría a personas que llevan más de un año en Canadá presentar una solicitud de protección como refugiadas que sea evaluada de manera justa.
