En junio de 2025, el gobierno canadiense presentó al Parlamento el proyecto de ley C-2, que amenaza el derecho a solicitar asilo y pondría en peligro a personas que buscan seguridad. Este proyecto de ley impediría a las personas que llevan en Canadá más de un año presentar una solicitud de protección como refugiadas que se evalúe de manera imparcial, daría a la clase política el poder de cancelar sin un proceso justo los permisos de residencia permanente, de trabajo y de estudios, y ampliaría el poder de la policía y los servicios de inteligencia para vigilar a cualquiera, independientemente de su condición migratoria.
