El 27 de octubre, la Comisión Parlamentaria de Investigación entregó al Ministerio Público Federal su informe final sobre la mala gestión de la pandemia de COVID-19, que ha causado más de 600.000 muertes e innumerables violaciones de derechos humanos. El fiscal general, titular del Ministerio Público, debe decidir antes del 26 de noviembre si abre una investigación basada en el informe. Debido a las posibles consecuencias para los derechos humanos de los actos y omisiones que ha identificado la Comisión, pedimos al fiscal general que ordene al Ministerio Público que investigue estas alegaciones.
