En diciembre de 2020, Argentina finalmente legalizó el aborto. Pese a ello, Miranda Ruiz, profesional de la salud que garantizó el acceso a un aborto legal en la ciudad de Tartagal, en la provincia noroeste de Salta, está siendo investigada por el fiscal penal de esa ciudad por el delito de causar un aborto sin consentimiento, un delito que ella no cometió. La criminalización del personal sanitario que garantiza el acceso a abortos legales impide a los profesionales de la medicina proporcionar atención básica. La investigación contra la doctora Miranda Ruiz debe archivarse inmediatamente porque garantizar acceso al aborto de acuerdo con los supuestos de la ley no es un delito.
