El 4 de febrero, Vanessa Gómez Cueva, ciudadana peruana con residencia en Argentina por más de 15 años, fue deportada junto con su hijo argentino de dos años. La obligaron a dejar atrás a sus otros dos hijos, de 5 y 14 años, que también son argentinos. No se le permitió despedirse. La orden de expulsión se basó en una condena penal, por la cual Vanessa había cumplido una sentencia en 2014. La Dirección Nacional de Migraciones debe revertir esta orden, que viola los derechos de los niños según el derecho nacional e internacional, y reunir a Vanessa con sus hijos.
