Las investigaciones de Amnistía Internacional sobre el empleo de la pena de muerte en 2018 confirmaron que su imposición y aplicación se circunscribe a una minoría de países. El número de ejecuciones conocidas se redujo en más de un 30% con respecto a 2017, alcanzando así la cifra más baja registrada por la organización desde hace 10 años. Este hecho r efleja un descenso considerable en algunos de los países donde más ejecuciones se consuman, como Irak, Irán, Pakistán y Somalia.
