Hay países que siguen ejecutando a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de la pena de muerte en tales casos. El número de esas ejecuciones es reducido en comparación con el total de ejecuciones anuales registradas por Amnistía Internacional, Sin embargo, su importancia va más allá de las cifras y pone en cuestión el compromiso de respetar el derecho internacional por parte de los Estados ejecutores. Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado en 10 países 149 ejecuciones de personas que eran menores de edad en el momento del delito.
