Lo revelado en los Archivos Predator muestra la venta y transferencia con impunidad en todo el mundo de tecnologías de vigilancia altamente invasivas suministradas por la alianza Intellexa, integrada por proveedores de vigilancia con presencia empresarial en Estados miembros de la Unión Europea, así como en otros países del mundo. Estas transferencias generan una alta probabilidad de que se cometan abusos contra los derechos humanos dados los casos anteriores de vigilancia ilegítima en estos países o la ausencia de salvaguardias nacionales respecto a la vigilancia para impedir que estas tecnologías se usen ilegítimamente contra la sociedad civil, periodistas o figuras de la oposición política.
