El 17 de julio, el Tribunal Penal de El Cairo revisará la orden judicial de congelación de activos dictada contra cinco destacados defensores egipcios de los derechos humanos y miembros de sus familias, y contra una ONG y su personal. Junto con otros destacados defensores y defensoras de los derechos humanos, estas personas están siendo investigadas en la Causa 173 de 2011, conocida como el “caso de la financiación extranjera”. Si son declaradas culpables, podrían ser condenadas a cadena perpetua.
