Amnistía Internacional considera preocupante que el marco jurídico búlgaro sobre crímenes de odio y su aplicación en la práctica no cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Los compromisos suscritos en el pasado por el gobierno para impedir, abordar y remediar estos delitos no se han traducido en medidas adecuadas para dar respuesta a esta cuestión.
