Los días 20 y 21 de enero fueron detenidos cinco activistas, uno de los cuales denuncia que unos oficiales del ejército lo secuestraron y maltrataron antes de llevárselo a una comisaría. Tanto ellos como otros seis activistas se enfrentan a ser juzgados por un tribunal militar y condenados a penas de hasta seis meses de cárcel y/o pago de una multa por tomar parte en actividades pacíficas con el objetivo de poner de relieve denuncias de corrupción oficial.
