Tras los ataques contra puestos de policía en el norte del estado myanmaro de Rajine, las autoridades han emprendido una gran operación de seguridad que pone en peligro a miles de personas ya vulnerables. El acceso de organizaciones humanitarias, periodistas independientes y observadores de la situación de los derechos humanos ha sido restringido, en medio de informes sobre violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad.
