Venezuela está intimidando y hostigando a defensores y defensoras de derechos humanos y les ha acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país. Los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos.
