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EE. UU. (Luisiana). Pena de muerte / Preocupación jurídica

, Índice: AMR 51/141/2002

PÚBLICO
Índice AI: AMR 51/141/2002/s
EXTRA 66/02
Pena de muerte / Preocupación jurídica
22 de agosto de 2002
EE. UU. (Luisiana)
Lawrence Jacobs, negro, de 22 años de edad
En su nuevo juicio, cuyo inicio está previsto para el 16 de septiembre
en el distrito de Jefferson, Luisiana, la acusación tiene intención de pedir
la pena de muerte contra Lawrence Jacobs por un delito que se le acusa de haber
cometido cuando tenía 16 años. El derecho internacional, respetado en
prácticamente todos los países del mundo, prohíbe el uso de la pena de muerte
contra personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito.
Nelson Beaugh, de 45 años, y su madre, Della Beaugh, de 75, fueron
asesinados a tiros en la casa de Nelson Beaugh el 31 de octubre de 1996. Lawrence
Jacobs fue acusado de ambos asesinatos y condenado a muerte en un juicio
celebrado en 1998.
La Corte Suprema de Luisiana anuló la declaración de culpabilidad y la
condena de muerte en el 2001, alegando que a Lawrence Jacobs se le había negado
su derecho a contar con un jurado imparcial, ya que varios de sus miembros
mostraban una fuerte predisposición a imponer condenas de muerte. Al haber
llegado a esta conclusión, la Corte no tuvo que pronunciarse sobre los otros
argumentos expuestos en la apelación de Lawrence Jacobs, relativos a la falta
de imparcialidad durante la selección del jurado. No obstante, la Corte hizo
constar que «la presunta discriminación racial del fiscal durante la selección
del jurado [...] también parece plantear serias dudas sobre lo adecuado del
proceso de selección del jurado en este caso». La fiscalía había rechazado
a cuatro de los cinco candidatos de raza negra al jurado utilizando sus
recusaciones sin causa (el derecho a rechazar a candidatos a miembros del jurado
sin dar una razón para ello). La fiscalía había tratado de rechazar también
al quinto candidato negro, pero el juez encargado del caso se lo impidió.
Lawrence Jacobs es negro. Las dos víctimas del asesinato eran blancas.
INFORMACIÓN GENERAL
Existe una prohibición internacional inequívoca del uso de la pena de
muerte contra personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito.
Los Convenios de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y las Salvaguardias para Garantizar la Protección de
los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte incluyen todos disposiciones
que eximen a los menores de 18 años de la pena de muerte. Esta prohibición
se deriva del reconocimiento de la inmadurez de los jóvenes y de su capacidad
de rehabilitarse.
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Estados Unidos, al ratificar el PIDCP, formuló una «reserva» por la que
se declaraba exento de la prohibición del uso de la pena de muerte contra menores.
El Comité de Derechos Humanos, órgano de expertos establecido por el PIDCP
para vigilar su cumplimiento, ha declarado que la reserva no es válida y debe
ser retirada. El Comité ha confirmado que la prohibición de este tipo de
ejecuciones es un principio de cuyo cumplimiento los países no pueden retraerse,
ni siquiera en situaciones excepcionales, y ha deplorado el hecho de que Estados
Unidos siga ejecutando a menores. Estados Unidos es el único país del mundo,
aparte de Somalia, que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del
Niño. En mayo del 2002, Somalia firmó este tratado e indicó su intención de
convertirse en el Estado número 192 que lo ratifica.
En el 2000, la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos afirmó que el uso de la pena de muerte contra
personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito viola el derecho
internacional consuetudinario, vinculante para todos los países
independientemente de los tratados que hayan o no ratificado.
Desde enero de 1993 se ha ejecutado a 15 menores en Estados Unidos. Durante
ese mismo periodo, Amnistía Internacional ha documentado ocho ejecuciones de
menores en todo el resto del mundo: tres en Irán, dos en Pakistán, una en Nigeria,
una en la República Democrática del Congo y una en Yemen. Yemen y Pakistán
han promulgado leyes que establecen la abolición de la pena de muerte para
menores. En el 2001 las autoridades de la República Democrática del Congo
conmutaron la condena de muerte de cinco menores, y actualmente está vigente
en este país una suspensión de las ejecuciones. China, que tiene en su haber
la mayoría de las ejecuciones llevadas a cabo en el mundo cada año, abolió
no obstante en 1997 la pena de muerte para personas que fueran menores de 18
años en el momento del delito.
Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales
establecen que los fiscales deben tener conocimiento «de los derechos humanos
y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional
e internacional». También establecen que los fiscales «deberán cumplir sus
funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la
dignidad humana y defender los derechos humanos». Además, los ficales
«desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de
discriminación», incluida la discriminación racial.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:
- reconociendo la gravedad del delito y el sufrimiento que habrá causado, y
explicando que no pretenden disculpar la manera en la que Nelson y Della Beaugh
murieron, ni hacer comentario alguno sobre la culpabilidad o inocencia del
acusado;
- expresando preocupación porque la Fiscalía de Distrito del distrito de
Jefferson tiene intención de pedir otra condena de muerte contra Lawrence
Jacobs, en contra de la norma del derecho internacional, respetada en
prácticamente todos los países del mundo, que prohíbe el uso de la pena de
muerte contra personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito;
- explicando que esta prohibición se deriva del reconocimiento de la inmadurez
de los jóvenes y de su capacidad de rehabilitarse;
- señalando el daño inmenso que la reputación internacional de Estados Unidos
está sufriendo a consecuencia de la constante utilización de la pena de muerte
contra menores en este país, frente al abrumador consenso internacional en
contra de este uso de la pena capital;
- instando al fiscal a descartar la pena de muerte como opción en este caso.
Si lo desean, también pueden manifestar preocupación por las denuncias
sobre la discriminación racial durante la selección del jurado en el juicio
original, y citar las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de
los Fiscales.
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LLAMAMIENTOS A:
Fiscal del distrito
District Attorney Paul Connick
Jefferson Parish District Attorney’s Office
200 Derbigny Street
Gretna, Louisiana 70053, EE. UU.
Fax: +1 504 368 4562
Tratamiento: Dear District Attorney / Señor Fiscal del Distrito
COPIA A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su
país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

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