El 26 de marzo de 2001, en la causa de Ernest McCarver en Carolina del Norte, la Corte Suprema de Estados Unidos accedió a examinar la cuestión de si la ejecución de presos que sufran retraso mental viola la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe las penas crueles e insólitas. Antonio Richardson, que también sufre trastornos de aprendizaje, ha planteado la misma cuestión a los tribunales, por lo que su caso quedará pendiente, en espera de que la Corte Suprema decida sobre la causa de McCarver.
