El 19 de abril, la cámara baja del Congreso mexicano aprobó su versión de la Ley General contra la Tortura y la devolvió al Senado para su aprobación final antes de que entre en vigor. Esta versión final constituye una mejora respecto a la versión anterior, y los cuatro artículos retrógrados que preocupaban a Amnistía Internacional se han mejorado.
