Se han realizado dos llamadas telefónicas amenazadoras a miembros del personal de una organización de derechos humanos del estado de Oaxaca, en el suroeste de México. Se cree que las amenazas son consecuencia directa del trabajo de esta organización en apoyo de las comunidades indígenas locales que se oponen a la construcción de un proyecto de parque eólico en sus tierras.
