Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, líderes comunitarios de San Pablo de Amalí, en el centro de Ecuador, se enfrentan a cargos infundados de terrorismo organizado. Sus procedimientos penales parecen ser un intento de silenciar su campaña para reclamar el derecho de su comunidad a ser consultada sobre la construcción de una planta hidroeléctrica que, según afirman, afectará al derecho de la comunidad al agua.
