El presidente de Brasil sancionó con su firma la ley que transfiere al Tribunal Militar la capacidad de juzgar violaciones de derechos humanos y delitos contra la vida —como por ejemplo homicidios y ejecuciones extrajudiciales— cometidos por personal militar contra civiles. Esto contradice los principios fundamentales de juicio justo, independencia judicial e imparcialidad de las decisiones. Ahora corresponde a la fiscal general presentar recurso ante la Corte Suprema para evitar que la ley entre en vigor.
