El secretario de Seguridad Pública y muchos otros altos funcionarios estatales han sido reemplazados en sus cargos tras la manifestación de profesores y la represión policial del 29 de abril en el estado de Paraná, sur de Brasil. La Defensoría Pública informó a Amnistía Internacional de que todas las personas detenidas en la protesta habían sido puestas en libertad, pero iban a ser objeto de una investigación criminal.
