Un grupo de abogados de la provincia de Mendoza que representan a los familiares de las víctimas de dos destacados casos de derechos humanos han sufrido acoso e intimidación; además, alguien ha asaltado sus oficinas. Se sospecha que la policía ha sido cómplice de estos incidentes, y Amnistía Internacional cree que los abogados corren grave peligro.
